Bolivia retornaba lentamente a la calma el miércoles tras una tregua entre el gobierno y la oposición que puso fin a 22 días de violentas protestas que dejaron 15 muertos, mientras se prepara una negociación que conduzca a este golpeado país a la paz y reconciliación nacional.
Las conversaciones comenzarán el jueves en la ciudad central de Cochabamba, y tendrá como facilitadores y testigos a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), a la Iglesia Católica, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los líderes opositores que protagonizaron protestas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en contra del presidente Evo Morales comenzaron a levantar bloqueos carreteros el martes en la tarde en el sur y el repliegue continuó el miércoles.
Emisoras de radio dijeron que los pasos fronterizos a la Argentina y Paraguay en el sur de Bolivia fueron abiertos, aunque aún persistían algunos cortes de ruta.
La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó a The Associated Press que una planta en el sur que despacha gas natural a la Argentina retornó a control de la empresa. La toma obligó a disminuir el suministro del carburante a ese país.
Sin embargo, grupos afines al gobierno anunciaron el miércoles que no levantarán sus protestas, entre ellas una marcha hacia Santa Cruz y un corte de rutas, en tanto los opositores no devuelvan las oficinas gubernamentales tomadas y muchas de ellas saqueadas por los opositores en esas cuatro regiones del oriente y sur que promueven su autonomía en abierta rebeldía a Morales.
Otros grupos oficialistas anticiparon que masificarán las propuestas y marchas hacia Santa Cruz lo que podría complicar el inicio del diálogo. El retorno de esas reparticiones está incluido en el acuerdo así como el levantamiento de todas las protestas.
Morales saludó el inicio de las negociaciones y propuso que comenzaran el mismo miércoles, pero no hubo respuesta de los opositores. "Quiero verlos esta tarde (miércoles) a los prefectos para iniciar el diálogo, no hablemos de 30 días, sino tiempo completo a puertas cerradas", dijo al anunciar que en el día enviaría cartas a religiosos católicos, evangélicos y metodistas para que participen como testigos.
El pacto estaba a punto de naufragar el martes poco antes de suscribirse el documento debido a la detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien está recluido en un cuartel policial de La Paz.
Fernández dijo a la prensa el miércoles que le sorprendió su detención porque como prefecto goza de fuero. Relató que lo invitaron a conversar con un jefe militar y que fue traído a La Paz donde recién se le informó que estaba detenido.
Morales dijo que "sicarios brasileños y peruanos" con protección del prefecto opositor tuvieron activa participación en la muerte de 15 personas, entre ellas trece campesinos leales al mandatario el jueves, en una región selvática cercana a Cobija, la capital de Pando.
En Washington, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró que Bolivia debe llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial que lleve a identificar a los responsables sobre esas muertes debido a las versiones contradictorias sobre el enfrentamiento.
Las negociaciones incluyen la demanda de autonomía que tiene alto apoyo en aquellas regiones y base de la petición de los opositores, y el proyecto de constitución que impulsa Morales, rechazado por la oposición, y que propone la reelección del presidente.
También incluye la discusión de un impuesto a los hidrocarburos que el gobierno tomó de los presupuestos regionales, lo que detonó el conflicto. La crisis del país que derivó en confrontación política y regional con matices racistas emergió tras el fracaso hace un año de la Asamblea Constituyente para pactar una carta constitucional de consenso, ante lo cual las regiones rebeldes impulsaron un proceso autónomo de facto que es rechazado por el gobierno.
P€VIKIN
Las conversaciones comenzarán el jueves en la ciudad central de Cochabamba, y tendrá como facilitadores y testigos a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), a la Iglesia Católica, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los líderes opositores que protagonizaron protestas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en contra del presidente Evo Morales comenzaron a levantar bloqueos carreteros el martes en la tarde en el sur y el repliegue continuó el miércoles.
Emisoras de radio dijeron que los pasos fronterizos a la Argentina y Paraguay en el sur de Bolivia fueron abiertos, aunque aún persistían algunos cortes de ruta.
La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó a The Associated Press que una planta en el sur que despacha gas natural a la Argentina retornó a control de la empresa. La toma obligó a disminuir el suministro del carburante a ese país.
Sin embargo, grupos afines al gobierno anunciaron el miércoles que no levantarán sus protestas, entre ellas una marcha hacia Santa Cruz y un corte de rutas, en tanto los opositores no devuelvan las oficinas gubernamentales tomadas y muchas de ellas saqueadas por los opositores en esas cuatro regiones del oriente y sur que promueven su autonomía en abierta rebeldía a Morales.
Otros grupos oficialistas anticiparon que masificarán las propuestas y marchas hacia Santa Cruz lo que podría complicar el inicio del diálogo. El retorno de esas reparticiones está incluido en el acuerdo así como el levantamiento de todas las protestas.
Morales saludó el inicio de las negociaciones y propuso que comenzaran el mismo miércoles, pero no hubo respuesta de los opositores. "Quiero verlos esta tarde (miércoles) a los prefectos para iniciar el diálogo, no hablemos de 30 días, sino tiempo completo a puertas cerradas", dijo al anunciar que en el día enviaría cartas a religiosos católicos, evangélicos y metodistas para que participen como testigos.
El pacto estaba a punto de naufragar el martes poco antes de suscribirse el documento debido a la detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien está recluido en un cuartel policial de La Paz.
Fernández dijo a la prensa el miércoles que le sorprendió su detención porque como prefecto goza de fuero. Relató que lo invitaron a conversar con un jefe militar y que fue traído a La Paz donde recién se le informó que estaba detenido.
Morales dijo que "sicarios brasileños y peruanos" con protección del prefecto opositor tuvieron activa participación en la muerte de 15 personas, entre ellas trece campesinos leales al mandatario el jueves, en una región selvática cercana a Cobija, la capital de Pando.
En Washington, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró que Bolivia debe llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial que lleve a identificar a los responsables sobre esas muertes debido a las versiones contradictorias sobre el enfrentamiento.
Las negociaciones incluyen la demanda de autonomía que tiene alto apoyo en aquellas regiones y base de la petición de los opositores, y el proyecto de constitución que impulsa Morales, rechazado por la oposición, y que propone la reelección del presidente.
También incluye la discusión de un impuesto a los hidrocarburos que el gobierno tomó de los presupuestos regionales, lo que detonó el conflicto. La crisis del país que derivó en confrontación política y regional con matices racistas emergió tras el fracaso hace un año de la Asamblea Constituyente para pactar una carta constitucional de consenso, ante lo cual las regiones rebeldes impulsaron un proceso autónomo de facto que es rechazado por el gobierno.
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